Integrar el Comité de Administración de una comunidad es una tarea con fama de ingrata. Además de estar disponible casi 24/7 para solucionar cualquier problema, se hace ad honorem, sólo por la buena voluntad del residente que acepta sacrificarse por los demás. Esta realidad va a cambiar, ya que la nueva Ley de Copropiedad, que rige desde el 13 de abril, permite que las comunidades acuerden voluntariamente que quienes participen en el Comité de Administración –que pueden ser dueños o arrendatarios autorizados por los propietarios- reciban como retribución un descuento en sus gastos comunes. ¿Cuánto? Eso quedará a criterio de cada comunidad.

Es primera vez que se regula un pago por la labor que consiste en supervisar el trabajo del administrador, establecer normas y multas para una sana convivencia en la comunidad, analizar presupuestos, generar planes de emergencia, regular el trabajo de los conserjes, ejecutar obras, entre otras labores. El combo incluye escuchar los problemas de los vecinos que llegan a tocar el timbre. ‘Era muy necesario porque genera un incentivo directo para cambiar la dinámica actual, con muy poco interés por participar en estos comités. Se tienen muchas responsabilidades y pocos o nulos beneficios. Si el comité es remunerado, habrá mejores postulantes y gente más capacitada. Y la comunidad puede exigir un poco más a la junta’, comenta Juan Pablo Salas, CEO de Property Link, que a través del área de administración de edificios de la firma, Property Rent, maneja más de 120 edificios. La nueva ley también estipula que si no se alcanza el mínimo de tres integrantes, se pueden elegir por sorteo.

¿Cuánto descuento?

Si la comunidad decide premiar a los integrantes del Comité de Administración, el paso que viene ahora será definir el monto. ‘Saber cuántas horas invierte o qué tipo de responsabilidades tiene puede ser un buen comienzo para definir el porcentaje de retribución a cada miembro’, dice Valeria Morillo, encargada de Contenidos de Comunidad Feliz. El tema es complejo y dará para discutir, afirma Mario Mora, CEO de la plataforma de búsqueda laboral Firt Jobs, ya que se puede aplicar un descuento en pesos al gasto común a cada integrante o aplicar un porcentaje de rebaja a todos por igual.

‘Sin embargo, los gastos comunes se pagan también según el metraje de la vivienda. Entonces si a todos se les descuenta, por ejemplo, el 15%, no será equitativo porque el que paga más tendrá un mayor descuento. Pero si a todos se les descuenta, por ejemplo, $50.000, sería un pago justo por el mismo trabajo’, señala. Cuenta que justo la semana pasada avisó al chat vecinal sobre estos cambios a sus vecinos, para poder conversarlo, pero no consiguió mucho feedback. Lo que él sugiere es tomar como referencia el sueldo del administrador y dividirlo por la cantidad de integrantes del Comité para obtener la cifra. También hay que tener en cuenta que lo que dejarían de pagar los integrantes del Comité deberá ser asumido por el resto de los residentes. ‘Hay que conversar con la comunidad cuánto se está dispuesto a aumentar los gastos para que poder hacerles el decuento, porque lo que busca la ley no es solo que tengan retribución, sino también profesionalizarlos’, dice Mora.

Morillo agrega que si se le descuentan $20.000 al gasto común de cada miembro del comité y son cinco personas, son $100.000 que ya no están entrando en la comunidad: ‘Se debe ver cómo se repartirá esa salida, si en el gasto común o si se buscará otra fuente de ingresos para el edificio’. Dado el nivel de tareas que realiza un integrante del comité, el perfil más parecido que existe en el mercado laboral es el de un administrador contable, dice Lissette Domínguez, directora de Atracción de Talentos de SOS Group. Es un asistente administrativo, que mezcla funciones de secretaría y contabilidad, que analiza y llevan el control del presupuesto, lleva las actas, solicitan rendiciones, etcétera. ‘Una persona para este cargo parte ganando $550.000. Pagarle a cada uno de los integrantes del comité sería mucho para una comunidad’, dice. Los reclutadores de personal coinciden en que el techo máximo a pagar no debe superar el sueldo del administrador, que va entre los $350.000 a $900.000, según el tamaño de la comunidad.